El error manifiesto de apreciación corresponde al elemento que el juez considera para revisar una decisión adoptada por la Administración. Se trata de un error flagrante, manifiestamente grave, tan evidente que es detectable por el sentido común y que podría dar lugar a una solución inadecuada en la valoración de los hechos por parte de la autoridad administrativa. Hay error manifiesto cuando hay desproporción entre los hechos del caso y la decisión dictada.
Te explicamos a continuación la definición completa del error manifiesto de apreciación, todo lo sabrás 🙂
¿Qué es el error manifiesto de derecho?
Según una fórmula jurisprudencial común, un error manifiesto de derecho es: en los casos en que "la autoridad administrativa competente ejerza sus facultades como corresponde" (jurisdicción discrecional), y, de hecho, en los casos en que el juez no se sienta capaz de ejercer amplias control, "la decisión que adopte no debe basarse en hechos materialmente inexactos, en un error de derecho, en un error manifiesto de apreciación o en una desviación de poder". El control del juez queda así calificado como "restringido" en el sentido de que no se extiende al control de la calificación jurídica de los hechos.
En cambio, en los demás supuestos, en particular aquellos en los que la administración tiene una competencia conexa, la decisión administrativa está sujeta al "control normal" del juez, extendiéndose así al control basado en la calificación de hechos jurídicos.
Sin embargo, esta diferencia no debe ser excesiva, porque en realidad solo hay una diferencia de grado:
- En caso de control normal:
El juez verifica que el acto impugnado guarda exacta relación con los hechos susceptibles de justificarlo jurídicamente (Ver: Diferencia entre un acto jurídico y un hecho jurídico);
- En caso de control restringido, acompañado del control del error manifiesto de apreciación:
El juez verifica que no existe una desproporción manifiesta, excesiva, irrazonable entre el acto y los hechos que lo motivaron. En esta segunda hipótesis, se trata de un control de la calificación jurídica, pero de un control limitado, en el sentido de que "censurar una decisión por un error manifiesto de apreciación, es censurarla porque, evidentemente, los hechos son no como para justificarlo legalmente”.
Comete así un error manifiesto de apreciación el Ministro del Interior que se niega a derogar una orden de expulsión dictada el 11 de diciembre de 1975 y ejecutada el 12 de diciembre de 1985, habida cuenta de los hechos del caso.
El Consejo de Estado señala que durante los seis años que precedieron a la decisión implícita impugnada, el extranjero solo fue culpable de dos delitos leves que dieron lugar a su condena a multas: "al considerar que su presencia en el territorio francés constituía una grave amenaza para el orden público , el Ministro vitió en su decisión un error manifiesto de apreciación” (CE, 17 MAY 1991 Boulaajaj).
Cabe precisar que las jurisdicciones administrativas se basan "en una apreciación global y por una comprobación más rigurosa y más concreta de los elementos fácticos", en los que deben basarse los autores del plan (contencioso en materia urbanística), completado el caso si es necesario, mediante una visita al lugar (CE, 19 oct. 1979 Asociación para la salvaguardia del Pays de Rhuys).
Para obtener información, también puede descubrir en nuestro sitio:¿Cómo tomar apuntes en clase de derecho de manera más efectiva?¡Sigue nuestros consejos si quieres optimizar tus apuntes y tener éxito en tus estudios de derecho! 🙂
¿Cuáles son los supuestos de apertura del recurso por abuso de poder?
Los supuestos en los que se abre una acción por abuso de poder tienen unas características específicas:
- Remedios por exceso de potencia:
Este es un recurso contra una decisión administrativa; se dice que el recurso por abuso de poder es el juicio de un acto en que la administración ha cometido un error, es un litigio objetivo, que permitirá al juez apreciar la sola legalidad del hecho;
- Este es un remedio legal:
Es posible (a veces obligatorio) ejercer, antes de la detención del juez, un recurso informal o jerárquico ante la administración; la tendencia es hacia la multiplicación de los recursos administrativos previos. Así ocurre, por ejemplo, con respecto a la comunicación de documentos administrativos; se debe realizar un recurso previo obligatorio ante la Comisión de Acceso a Documentos Administrativos (CADA). Pero esta obligación no siempre existe y el ciudadano puede acudir directamente al juez en muchos casos;
- es un recurso judicial de derecho consuetudinario:
Existe un principio general de derecho según el cual todo acto es susceptible de recurso de nulidad (CE, 17 de febrero de 1950, Dame Lamotte) el recurso por extralimitación de facultades siempre es posible contra una resolución administrativa, aunque ningún texto lo prevea eso Es un remedio de orden público;
- Es un recurso que en principio conduce a la anulación de la decisión por parte del juez;
Esta cancelación tiene carácter retroactivo, pero el juez ha reconocido la facultad de modular los efectos en el tiempo de su decisión de cancelación.
Las condiciones de admisibilidad son esencialmente tres:
- El solicitante primero debe demostrar interés en actuar:
En otras palabras, su situación debe permitirle ejercitar legítimamente una acción por abuso de poder;
- El acto impugnado:
Debe contener las características de una decisión administrativa, el acto debe afectar negativamente
- Finalmente, el solicitante debe ejercer este recurso dentro de un plazo determinado;
Vencido el plazo, la decisión ya no puede ser objeto de revisión por la vía de la acción, directamente ante el juez.
- Existe una cuarta condición, pero cada vez menos utilizada:
Estos son la ausencia de un remedio paralelo; esto quiere decir que, para que el juez pueda apreciar válidamente la legalidad de una decisión, no es necesario que exista, paralelamente, otra vía contenciosa que permita al demandante obtener la misma satisfacción que la que le daría un recurso por exceso de poder.
Si falta alguna de las condiciones exigidas, el juez rechazará la solicitud por improcedente.
Los casos de apertura o medios de nulidad se dividen en dos categorías: los medios de legalidad externa y los medios de legalidad interna.
Los medios de legalidad externa plantean las ilegalidades que afectan la forma en que se tomó la decisión, los defectos que hayan podido afectar el proceso de emisión de la decisión. Se refieren a la incompetencia (la persona que dictó el acto no era competente para hacerlo) y al defecto de forma o de procedimiento (la resolución se dictó sin respetar un cierto número de formalidades o sin respetar un proceso consultivo). Sólo la primera causal (incompetencia) es de orden público. La segunda fue aclarada por el juez y no conduce sistemáticamente a la anulación de la decisión administrativa.
Los medios de legalidad interna, por su parte, suscitan ilegalidades relativas al contenido del acto. Estas ilegalidades internas se dividen en dos categorías, una de las cuales se ha diversificado enormemente.
La desviación de facultades pone de relieve el hecho de que la autoridad administrativa utilizó las facultades de que disponía para un fin distinto de aquel para el que le habían sido conferidas, prefiriendo el juez anular un acto por otro fundamento, en la medida en que este defecto subraya una cierta mala fe de la administración, o una ausencia de moralidad administrativa.
La violación de la ley implica que las razones de la decisión administrativa son infundadas (error de hecho) o ilegales (error de ley).
Error manifiesto de apreciación: ¿Qué es un error de derecho?
En derecho administrativo, el error de derecho es la suposición de la administración de que tiene una facultad de la que se desvía a sabiendas o no. El error de derecho suele estar sujeto al control del juez administrativo y puede estar asociado a diferentes causas. Es cuando la autoridad administrativa ha hecho uso de sus facultades para un fin distinto de aquél para el cual le fueron conferidas. El juez debe pues buscar la intención del autor del acto, sus motivos, lo que Hauriou llamó "moral administrativa".
La autoridad administrativa puede haber actuado con un fin completamente ajeno al interés público;
- Lo hace de forma negativa, con un fin puramente personal:
Un alcalde utiliza sus poderes de policía para restringir los días de apertura de un salón de baile porque este establecimiento corre el riesgo de competir con él, siendo él mismo propietario de un establecimiento de este tipo (CE, 14 de marzo de 1934, Demoiselle); una autoridad procede a la destitución de un funcionario por consideraciones totalmente ajenas al interés público; la decisión de no seleccionar un levantador de pesas para una competición internacional se tomó con el único propósito de infligir una sanción a la persona en cuestión a raíz de sus declaraciones públicas sobre el comportamiento de un líder de la federación (CE, 25 de mayo de 1998, Federación Francesa de Halterofilia) ;
- Pero la autoridad administrativa puede actuar de manera positiva, en beneficio de alguien:
Ex :Una autoridad administrativa logró crear un puesto como director de una escuela de alfombras en Djibouti únicamente para dar trabajo a la persona que estaba protegiendo (CE, 5 de marzo de 1954, Demoiselle Soulier). Lo mismo ocurre con el decreto por el que se modifica, a propuesta del ministro, el estatuto del cuerpo de inspectores para posibilitar el nombramiento del jefe de gabinete de dicho ministro en el organismo de que se trate (CE, 13 de enero de 1995).
Aparte del supuesto de error de derecho (error manifiesto de apreciación) por desviación de facultades, también se da el caso de que la administración haya aplicado una norma inexistente o inaplicable. Este es el ejemplo de un decreto que rescinde el contrato de concesión de un canal de televisión privado en base a un proyecto de ley aún no aprobado y que está viciado de un error de derecho (CE 2 de febrero de 1987)
También cabe señalar el error de derecho que se produce cuando la administración ha tomado una decisión, de conformidad connormas legalesque son ilegales por su incumplimiento de un estándar superior.
En este sentido, es contraria a derecho una orden de expulsión de un extranjero en situación irregular a la frontera, dictada sobre la base de una decisión en sí misma ilegal por la que se deniega al solicitante la expedición de un certificado de residencia (CE 10 de noviembre de 1997 Gherbi).
Error manifiesto de apreciación: ¿Qué es un control de oportunidad?
Control de oportunidad: la administración está sujeta al cumplimiento de las decisiones tomadas por los actores políticos, obligados ellos mismos a respetar las normas jurídicas establecidas con anterioridad a sus actuaciones según el principio muy clásico de la jerarquía de las normas, bajo el cuidadoso control de la autoridad administrativa. juez, sujeto él mismo al respeto de la separación de poderes.
El juez debe respetar, en el ámbito del control de oportunidad, la toma de decisiones de los administradores públicos siempre que éstas se ajusten a la legalidad y por tanto no deba realizar un control de oportunidad. La afirmación aparece como uno de los grandes principios del derecho administrativo.
El control de oportunidad designaría entonces la facultad de verificar que la administración pudo aprovechar todas las oportunidades favorables que se le ofrecieron, en relación con sus fines. Si es evidentemente a la primera acepción del término a la que implícitamente se refiere la doctrina cuando evoca el control de oportunidad, la segunda acepción aquí propuesta abre perspectivas significativas para comprender el control de oportunidad.
Tradicionalmente, la doctrina en ciencias administrativas distingue, además del control de oportunidad, cuatro tipos de controles: el control de legalidad, el control de conformidad y el control de gestión. El control de legalidad, tiende a controlar el respeto por la administración de las normas legislativas y reglamentarias que le son aplicables.
(Lea también para más detalles:¿Cómo se interpreta la pirámide de normas de Kelsen en la jurisprudencia?)
El control de conformidad tiene como objetivo controlar el cumplimiento de las normas por parte de la administración para minimizar al máximo la violación de la ley, y el control de gestión es un control de las diferencias entre los resultados obtenidos y los resultados esperados, basado en un pensamiento estratégico en cuanto a la realización del acto administrativo.
En una situación de competencia vinculada no se plantea la cuestión del control de oportunidad, estando la administración por definición ligada a un tipo de acto o solución dada según el contexto. En materia de competencia conexa, el juez no realiza revisión de oportunidad. En el caso, por ejemplo, de que la administración deba legalmente tomar una decisión positiva, el juez, al realizar el acto obligatorio en su lugar, se contenta con subsanar una deficiencia administrativa en el marco estricto del control único de legalidad.
Por otro lado, la cuestión del control de oportunidad se plantea en los casos en que la administración puede ejercer un poder discrecional. Sin embargo, en caso de error manifiesto de apreciación, no se reconoce al juez poder apreciar la oportunidad administrativa de las elecciones de éste en el ejercicio de su facultad discrecional, juzgando si, entre las diferentes soluciones igualmente jurídicas que se le ofrecen , la administración tomó la más adecuada a las circunstancias.